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El artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza.

Asimismo, el artículo 3° de la Ley identifica entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios comprendidos en:

  1. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
  2. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras públicas;
  3. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación;
  4. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;
  5. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia;
  6. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios;
  7. La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios;
  8. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y
  9. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción.

Para la aplicación correcta de la Ley, es fundamental observar el artículo 18, la cual establece “…En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar deberá ajustarse a:

  1. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y
  2. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.

Es primordial dar cumplimiento al Artículo 24 en el que se establece que “…La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados…”

Así como, observar lo referente al Artículo 25 el cual determina que “…las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente…”

De los procedimientos de contratación establecidos en esta ley se observa en el artículo 26 en el cual menciona “… que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes …” los procedimientos son:

  1. Licitación pública;
  2. II. Invitación a cuando menos tres personas, o
  3. III. Adjudicación directa.

En este sentido, ARCO como GRP da cumplimiento a la LAASSP que permite una integración horizontal y vertical con los preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por tanto, ARCO es un sistema integral que permite realizar transacciones desde el módulo de Adquisiciones con una aplicación y afectación directa, en tiempo real y transparente a los módulos de contabilidad y presupuesto para efectos de generación de pólizas contables, momentos contables y presupuestales y asientos en libros.

Fuente: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

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